Traducción jurídica y Derecho Comparado: por qué un diccionario no basta
Quien traduce un contrato o una sentencia entre alemán y español no traslada palabras de un idioma a otro: traslada conceptos de un ordenamiento jurídico a otro. Esa es la diferencia fundamental entre la traducción jurídica y casi cualquier otra especialidad. En biología, una célula es una célula en Leipzig y en Madrid. En derecho, una Verjährung alemana y una prescripción española se parecen, pero no coinciden en plazos, efectos ni excepciones. Por eso la traducción jurídica alemán español exige algo más que dominio lingüístico: exige Derecho Comparado.
Cada idioma, varios lenguajes jurídicos
El comparatista Gerard-René de Groot lo resumió en una frase que cito a menudo: traducir terminología jurídica es hacer Derecho Comparado. No existe «el» lenguaje jurídico español, sino el de España, el de Argentina, el de México o el de Chile. Lo mismo ocurre con el alemán, que es lengua jurídica de Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein y de parte de Italia y Bélgica. Un mismo término puede designar instituciones distintas según el país: el Verbrechen alemán empieza en un año de pena mínima de prisión, el austriaco en tres.
De ahí que el traductor deba preguntarse siempre para qué sistema jurídico traduce. No es lo mismo verter unas condiciones generales de contratación al español de España que redactarlas para todo el mercado hispanohablante, donde conviene elegir términos lo más neutros posible.
Familias jurídicas: el mapa que conviene tener en la cabeza
El Derecho Comparado agrupa los ordenamientos en familias. España y Alemania pertenecen a la familia romano-germánica, aunque a ramas distintas: la española procede de la tradición del Código napoleónico y la alemana se construyó sobre el BGB. Esa cercanía relativa explica que muchas instituciones sean comparables. El contraste con el common law anglosajón, basado en el precedente judicial, es mucho mayor: allí la codificación es la excepción y conceptos como trust o executor se resisten a cualquier equivalencia directa.
Cuanto más se alejan dos sistemas, menor es el grado de equivalencia terminológica. Y hay un dato que sorprende a quien viene de la traducción técnica: en los textos jurídicos, a mayor especialización, menor equivalencia entre lenguas. Justo lo contrario de lo que sucede con un manual de ingeniería.
El método: buscar la función, no la palabra
La comparación jurídica seria parte de un problema concreto (el llamado tertium comparationis) y examina cómo lo resuelve cada ordenamiento: con qué normas, con qué instituciones, con qué jurisprudencia. Solo después tiene sentido preguntarse qué término utilizar en la traducción. Un ejemplo clásico del Derecho De familia: el régimen económico matrimonial legal alemán, la Zugewinngemeinschaft, aparece traducido en más de una publicación como «sociedad de gananciales» porque ambos son los regímenes legales de sus países. Funcionalmente se corresponden en el contexto, pero técnicamente son regímenes distintos, y tratarlos como sinónimos recíprocos produce errores con consecuencias reales en capitulaciones, divorcios y herencias.
Qué significa esto en la práctica
En mi caso, la combinación de la licenciatura en Derecho y la formación de intérprete en la Universidad de Leipzig me llevó a dedicar mi tesina precisamente a la terminología jurídica contrastiva alemán-español. De aquel trabajo, y de los años de práctica ante juzgados y notarías que vinieron después, saco tres reglas que aplico a diario:
Primera: identificar el tipo de texto y su función antes de traducir una sola línea. Segunda: comprobar cada término dudoso en las fuentes de ambos ordenamientos, no solo en el diccionario bilingüe. Tercera: cuando no hay equivalente, decirlo con claridad mediante una descripción o una nota, en lugar de forzar una falsa correspondencia.
La seguridad jurídica de un poder notarial, de un contrato de compraventa o de una demanda depende de esas decisiones. Un diccionario ayuda; el conocimiento de los dos sistemas jurídicos decide.
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